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16 Diciembre 2021
Han sido meses complejos para quienes padecen Enfermedad Renal Crónica (ERC) en diálisis. La pandemia generada por el coronavirus, que aún está latente, incrementa los riesgos para su salud y dificulta los traslados para la realización de sus tratamientos producto de las necesarias restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades de salud.
A ello se suma un reiterado aumento de las exigencias regulatorias para la atención de diálisis, sin considerar los correspondientes ajustes que permitan asegurar la sostenibilidad del ecosistema. Todo ello se ve empeorado por el diseño de las bases de licitación para los centros, proceso impulsado por Fonasa que está en desarrollo en la actualidad y que, lamentablemente, centra el foco en una competencia exclusivamente por precio, dejando de lado criterios de calidad fundamentales para la atención y el bienestar de los pacientes y sus familias.
La realidad antes descrita permite relevar dos aspectos que parecen preocupantes. El primero de ellos tiene que ver con la forma en que se están desarrollando las políticas públicas en salud. Lo anterior, en la medida que Fonasa elabora un proceso licitatorio que no se condice con las necesidades de los pacientes ni con la realidad geográfica de la atención en nuestro país.
En segundo lugar, lo más relevante y delicado, son las consecuencias que tienen decisiones como éstas, tomadas unilateralmente por Fonasa, sin considerar las opiniones, sugerencias o requerimientos que los pacientes, médicos, enfermeras y prestadores. Más aún, si las autoridades no realizan los reajustes compensatorios en el proceso de licitación, que permitan asegurar la sostenibilidad del tratamiento de la ERC en diálisis.
Las advertencias en esta materia están contenidas en un estudio de costos, encargado por la Asociación Nacional de Diálisis Independiente (ANADI), que desarrolló la consultora FK Economics.
El análisis, que se llevó a cabo en base a una muestra de 89 establecimientos de todo el país -que representan cerca del 40% del total de los prestadores, evidencia que tras la implementación del Decreto 45 del Ministerio de Salud, los costos aumentaron ostensiblemente para ellos.
A raíz de la gran cantidad de exigencias por parte de las autoridades de salud, y una de las compensaciones más bajas de la OCDE, se demuestra que algunos prestadores están siendo afectados por pérdidas, muchos de los cuales, ante esta insostenible situación, podrían incluso dejar de prestar el servicio poniendo en riesgo el aseguramiento de la atención para cerca de 6 mil pacientes.
Más aún, hay otros datos alarmantes según un análisis desagregado por zonas geográficas de las actuales bases de licitación. La oferta de cerca de 430 cupos de hemodiálisis sería destruida debido a que algunos centros quedarían sin adjudicación, y, junto con ello, unos 1.030 pacientes deberían ser trasladados a otros centros, incidiendo esto directamente en su calidad de vida, por no considerar las voluntades, apegos, calidad de la atención, cercanías de sus domicilios de los que reciben la atención.
Todas estas situaciones nos mantienen en alerta y muy preocupados, pues afectan la salud de los pacientes y sus familias, las que deben acompañarlos en estos largos y muchas veces dolorosos procesos. Como ANADI hemos insistido haciendo un llamado a las autoridades de la salud solicitando implementar una mesa de trabajo que incluya a representantes de los centros de diálisis, las sociedades médicas y científicas y, por supuesto, a los pacientes.
Debemos abordar esta materia en conjunto y poner la calidad de vida de quienes sufren esta terrible enfermedad en el centro. Tanto ellos como sus familias lo agradecerán.
María Eugenia Maragaño Cabañaz
Presidenta de Asociación Nacional de Diálisis Independiente –